El Gobierno anuncia ayudas especiales de hasta 10.800 euros, o el 20% del coste de una vivienda a los “jóvenes” de hasta 35 años. También la ayuda al alquiler para dichos “jóvenes” se aumenta hasta los 900 euros mensuales.

La ayuda de 10.800 euros se da incluso si la vivienda que se compra es “protegida” (léase, vivienda joven, es decir, cuyo precio ya incluye una importante reducción por la edad del comprador).

¿Quién paga en última instancia el precio artificialmente bajo de la “vivienda joven”, de la ayuda adicional de 10.800 euros y de la ayuda al alquiler de 900 euros mensuales? Lo paga con sus impuestos el trabajador de 45, 55 o 60 años que lleva su vida entera ahorrando para tener una casa en propiedad, pero que nunca lo logrará.  Como ciudadanos, no son iguales que esos “jóvenes”.

El concepto de “joven” es, además, un concepto variable, que el gobierno redefine según le conviene en cada momento. Y da igual si esos “jóvenes” cuentan con recursos económicos para adquirir una vivienda (sin duda los habrá que a la edad de 35 años cuenten con recursos sobrados). El único criterio que se tiene en cuenta es su edad, lo que pone de manifeisto el carácter profundamente injusto y manipulador de esta y otras medidas semenjantes. El privilegio que a unos se les otorga injustamente por razón de su edad, a otos se les deniega de mood igualmente injusto también por razón de su edad.

Nadie quiere estar contra los jóvenes, claro está, y ni siquiera dar la impresión de estarlo. Eso impone una auténtica ley del silencio ante este tipo de acciones, y los gobernantes y políticos en general se valen de ello para utilizar la injusticia y el privilegio con objeto de sobornar el voto joven.

De esta manera se viola el derecho inalienable a la igualdad. Unos políticos incompetentes y deseosos de comprar votos están generando auténtico antagonismo social en nuestro país.

En el caso concreto de estas nuevas ayudas,  el Gobierno trata a la desesperada de mitigar el impacto negativo que ha tenido para el Partido Popular el último escándalo de corrupción (el caso Igancio González, destapado hace tan solo unos días). He ahí la razón de lo sorprendente e inesperado de esta medida, que no estaba prevista en la legislación sobre acceso a la vivienda que acaba de aprobarse.

No hay peor corrupción que la corrupción de la ley.

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