(Publicada en la revista Claves de Razón Práctica Nº 196 año 2008, pp. 40-49)

El Defensor del Pueblo Andaluz en su Informe Anual del año 2003 daba cuenta de la queja de una mujer de 64 años, en la ciudad de Córdoba, a quien por razón de su edad se le había restringido el uso de las instalaciones de un polideportivo municipal, autorizándosele únicamente la participación en un grupo de gimnasia “para la tercera edad.” En su queja al Defensor del Pueblo, esta mujer expone que lleva diez años realizando actividades deportivas en gimnasios privados sin jamás haber tenido ni causado ningún problema. Precisamente, según señala en su escrito, fue la apertura de ese polideportivo municipal lo que motivó el cierre del gimnasio al que solía acudir. Llama la atención el tono defensivo de las alegaciones que hace en su defensa:

Que su estado de salud actual, fruto de su preocupación continua por la misma y de su constitución física intrínseca, es perfecto y sobresaliente a su edad, y que aporta certificación de examen clínico de su médico de cabecera como se le solicita desde el patronato […] Que dicho estado de actividad le es absolutamente imprescindible para el desarrollo de su labor profesional de cuidado de ancianos, donde lógicamente ha de desarrollar continuos y prolongados esfuerzos físicos…

La mujer se siente en la necesidad de justificar con todo tipo de datos, garantías y documentación la posesión de un derecho que ninguna empresa privada le denegaría pero que una institución pública se permite denegarle. Se da, además, la paradoja de que ella, que está siendo discriminada por su “avanzada” edad, hace ejercicio para mantenerse en forma precisamente por las exigencias físicas de su trabajo como cuidadora de ancianos, según sus propias palabras. Este caso de discriminación institucional por la edad no es -no creo que haga falta probar esta afirmación- ni mucho menos único. La discriminación por edad, que en nuestro país tan alegremente tolera e incluso fomenta el Estado, es un fenómeno generalizado de modo especial en el medio laboral.

En 2005, tuvo lugar en Madrid un importante congreso sobre la discriminación por edad, patrocinado por la Confederación Estatal de Organizaciones de Mayores (CEOMA). En las ponencias que allí se presentaron se denuncia, entre otras cosas, la discriminación, insospechada para el público general, a que están sometidos los pacientes de edad en el sistema sanitario español. Las formas de discriminación van desde la limitación del acceso, a partir de una determinada edad, a tratamientos curativos de cáncer hasta instrucciones que reciben los médicos de no recetar, por su coste, determinados fármacos con cargo a la Seguridad Social a pacientes de más de 75 años (sin embargo, el paciente es libre de comprar dichos fármacos por su cuenta, en cuyo caso sí se le pueden recetar).

La edad como constructo cultural

La noción de edad es una creación cultural. El hecho de contabilizar el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento, y el modo en que se lleva a cabo dicha medición no son aspectos de la vida instintiva, sino creaciones culturales. La cronometría es análoga a otros tipos de mediciones y sistemas de clasificación (por estatura o peso, por ejemplo). Podemos asumir que las personas de determinada estatura, peso o complexión tienden a ser de una determinada manera o tienen un cierto tipo de actitud, o nos pueden parecer más o menos atractivas, según nuestras preferencias personales. Pero siempre serán generalizaciones y prejuicios. Y en ese sentido el concepto de edad es ante todo una herramienta clasificatoria, es decir, un instrumento de discriminación en el sentido amplio del término.

Todo lo anterior va referido al sentido más primario del concepto de edad: la edad cronológica. Hay que distinguir, sin embargo, dos categorías adicionales: edad biológica y edad funcional. Dos personas con una misma edad cronológica pueden encontrarse en una edad biológica (es decir, en unas condiciones físicas y mentales) muy diferente dependiendo no solo de su constitución do no sólo de su constitución natural do no sólo de su constitución natural do no sólo de su constitución natural  sino de sus hábitos (ejercicio, dieta, etc.) y de su trayectoria vital en general. Dado el progresivo aumento del nivel educativo estas diferencias individuales son cada vez más marcadas. El concepto de edad biológica permite hacer distinciones importantes en el asunto que nos ocupa, si bien no está claramente definido y se basa en una idealización arbitraria de la edad cronológica (que se toma como referente). Tan sólo las pruebas individualizadas de aptitud nos permiten comprobar la realidad de la edad biológica como claramente distinta de los parámetros que asigna la sociedad a la edad cronológica.

La edad funcional, por otra parte, representa un concepto netamente distinto de la edad cronológica y la edad biológica. Una persona puede, por ejemplo, puntuar en una determinada prueba de aptitud física inferior al que correspondería a su edad cronológica (sería el caso, por ejemplo, de una persona de 50 años –edad cronológica– cuyo estado físico y aptitud psíquica –edad biológica– es la correspondiente a una persona de 60); sin embargo, al mismo tiempo, tal persona puee demostrar en su actividad profesional y en los quehaceres y actividades que impone la vida cotidiana un grado de competencia superior al que sería de esperar de una persona de su edad cronológica. 

Fecha de nacimiento: Obsesión y prejuicio.

“Fecha de nacimiento” es la omnipresente pregunta que en España encontramos en todo trámite administrativo, documento de identificación, registro, asociación o inscripción. Se nos requiere la fecha de nacimiento, entre otras cosas, para inscribirnos en un gimnasio, para solicitar un préstamo en un banco, para matricularnos en un programa educativo y hasta para adquirir un teléfono móvil. La persona que toma los datos puede optar por requerir tal información de viva voz –caso frecuente– pasando a ser nuestra fecha de nacimiento ipso facto de dominio público. Uno nota especialmente tal obsesión con la fecha de nacimiento en España cuando vive habitualmente en otro país donde no se solicita ese dato para ninguno de los mencionados trámites. 

Aunque para ciertas gestiones pueda ser debatible si el dato de la edad cumple alguna función útil, el hecho es que en innumerables ocasiones tal dato se exige de modo innecesario y como por una especie de inercia. Nos hemos acostumbrado de tal manera a ver esa pregunta en todo tipo de formularios que, casi de un modo mimético, tendemos a incluirla en todo nuevo formulario.  Muchas personas no desean hacer pública su fecha de nacimiento y, por tanto, consideran tal información un dato íntimo. De hecho, el deseo de parecer más joven es asunto de genuino interés científico en sociología. Y claro está, el mentir en la edad es, como bien sabemos, extremadamente habitual. La razón es un oscuro temor a verse clasificado, a ser objeto de prejuicio. Puesto que la discriminación por edad es un hecho real que se puede producir de forma extremadamente sutil en las relaciones interpersonales, la fecha de nacimiento debería ser tratada como información confidencial y evitarse en lo posible el requerir tal dato. En su función como dato adicional de identificación, la fecha de nacimiento no consiste, en última instancia, más que en una mera secuencia de números que podría ser sustituida sin problema por otra alfanumérica de carácter puramente aleatorio. 

El “equivalente social de la muerte”: Consideraciónes éticas y sociológicas en torno a la jubilación obligatoria

En su estudio sobre la jubilación obligatoria en el caso de Canadá publicado poco antes de que dicho país diera el paso de abolirla, C. T. Gillin y Thomas Klassen, expertos en cuestiones de política pública, concluyen que la jubilación obligatoria constituye “un caso institucionalizado de discriminación por edad.” Tal afirmación no es nada nuevo. Es más bien expresión de un consenso entre expertos, especialmente en el mundo anglosajón. Gillin y Klassen ofrecen dos argumentos básicos para la eliminación de la jubilación obligatoria:

1) La jubilación obligatoria constituye una violación de los derechos humanos,

2) El mantenimiento de la jubilación obligatoria contribuirá a la inviabilidad del sistema de pensiones de la Seguridad Social según se vaya produciendo el envejecimiento, cada vez más acelerado, de la población. 

Efectivamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice en su artículo número 23: “Toda persona tiene derecho al trabajo.” Por “trabajo,” se entiende, según la terminología jurídica internacional, ocupación remunerada. Dicho artículo no establece una excepción a tal derecho para mayores de 65 años. Tampoco establece semejante excepción la Constitución Española, lo que, según sentencia del Tribunal Constitucional, impide que en España se pueda imponer por ley la jubilación obligatoria. Pese a ello, mediante un subterfugio legal, en nuestro país se permite imponer la jubilación, por convenio, siempre que se den ciertas condiciones.

El artículo 35 de la Constitución afirma tajantemente: “Todos los españoles tienen derecho al trabajo … y a una remuneración suficiente…” Es decir, la Constitución establece el derecho al trabajo remunerado como un derecho fundamental de todos los españoles, e implícitamente previene contra cualquier tipo de discriminación. Igual de tajante, o más si cabe, es el artículo 14 de la Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” Si es que las palabras tienen algún significado, en España toda forma de discriminación por edad, y con ello la jubilación forzosa, deberían estar terminantemente prohibidas, y no apoyadas y fomentadas por el Gobierno. La Constitución no puede ser usada sólo según la conveniencia de cada momento. La democracia alcanza su mayor esplendor cuando sus principios se aplican de modo inexorable precisamente cuando no satisfacen las conveniencias del poder o de grupos de presión.

En palabras de Martin L. Levine, “la jubilación obligatoria constituye una violación de lo que mucha gente (y concretamente muchos jueces) considera un derecho fundamental, el derecho a ganarse el sustento.” El derecho al trabajo es un derecho tan absolutamente básico y fundamental del ser humano que podríamos catalogarlo de derecho natural, en el sentido estricto del término. Si no fuera porque las mayores barbaridades dejan de sorprendernos una vez convertidas en hábito, debería ser motivo de la mayor perplejidad el que un gobierno llegue a prohibir (o a permitir que se prohíba mediante subterfugios legales) que las personas mayores de una determinada edad puedan ejercer tal derecho.

Citando una importante sentencia judicial de 1990, dentro del ciclo de litigios que concluyó con la abolición de la jubilación obligatoria en Canadá, Gillin y Klassen señalan:

“El trabajo es uno de los aspectos más fundamentales en la vida de una persona, lo que le ofrece al individuo sus medios de sostenimiento económico y, lo que es igual de importante, es lo que le asigna un papel de contribuyente en la sociedad. El trabajo retribuido es un componente esencial del sentido de identidad de una persona, del sentido de valía que tiene de sí misma y de su bienestar emocional.”

En palabras de un experto español:

El trabajo no sólo proporciona el dinero y los recursos económicos a la persona. También hace cosas mucho más profundas; hoy por hoy establece la estructura temporal del día, es decir, la distribución colectiva del tiempo en la que se insertan las personas; proporciona también algunas de las más importantes relaciones sociales suprafamiliares y la inserción del individuo en las exigencias de los intereses colectivos y el bienestar general. El trabajo […] dice todavía a todos en una importantísima medida quiénes somos y determina hasta unos límites difíciles de exagerar la articulación de la interacción social.

Partiendo de una perspectiva sociológica, Donald Cowgill, por su parte, analiza el efecto que tuvo la modernización -y no sólo la industrialización- sobre los trabajadores de mayor edad. Un efecto importante vino dado por la tecnología médica, que contribuyó de modo sustancial a prolongar la vida de los trabajadores. De este modo, señala, se retrasaba la muerte de los trabajadores y, debido precisamente a la expansión demográfica propiciada por la tecnología médica, no se creaban nuevos puestos de trabajo con suficiente rapidez como para acomodar el creciente número de trabajadores. Y concluye: “El sistema de jubilación se creó, por tanto, como un sustituto social de la muerte.” Lo preocupante es que hay estudios que apuntan a que la situación psíquica y emocional de los jubilados, resultado de la falta de actividad productiva en que sume a algunas personas una jubilación no deseada, esa muerte simbólica, puede contribuir a acelerar la llegada de su muerte real. En un extenso y detallado informe titulado Age Discrimination and the Mandatory Age Controversy, Levine afirma:

La jubilación obligatoria, con su cese del trabajo productivo, puede también resultar dañina para la salud física y mental del individuo […] Las personas de edad que se quedan sin trabajo experimentan sentimientos de inutilidad, aislamiento y soledad, y su salud es peor que la de aquellos que continúan participando en el mundo del trabajo […] Un informe del Comité para asuntos relacionados con el envejecimiento, de la Asociación Médica de EE UU, señalaba incluso que esa situación puede conducir a una muerte prematura. Otros estudios realizados con anterioridad habían llegado a la conclusión de que las personas jubiladas son sustancialmente más pobres, menos activas, están menos satisfechas, y tienen peor salud que las personas [de la misma edad] que continúan realizando una labor remunerada.

La imagen del jubilado feliz, que puede disponer de su tiempo como desee para dedicarse a los hobbies y tareas recreativas que antes no pudo es una imagen engañosa, o cuando menos muy selectiva. J. M: Kreps señala a este respecto que “bajo una situación de jubilación obligatoria […] el individuo no puede convertir su tiempo libre en ingresos económicos, incluso cuando eso es lo que le proporcionaría mayores satisfacciones. El tiempo libre es de poca utilidad cuando el individuo lo percibe como excesivo.” 

La jubilación obligatoria: Consideraciones económicas.

El segundo punto de Gillin y Klassen es fácil de entender, y en él inciden, sin excepción, todos los autores que tratan este asunto. El argumento es simple: al jubilarse una persona y dejar de trabajar deja simultáneamente de producir y de hacer contribuciones a la Seguridad Social, convirtiéndose ahora, como pensionista, en una carga económica para la comunidad. El progresivo envejecimiento de la población, unido a la tendencia a dar (o imponer) jubilaciones anticipadas, colocarán el sistema de la Seguridad Social en una situación cada vez más crítica. Igualmente grave es la pérdida de trabajadores cualificados y con experiencia acumulada que disfrutan de una plena capacidad física e intelectual para continuar realizando su labor y que estarían deseosos de hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de muchos médicos. En un momento en que faltan médicos, su jubilación forzosa (ya sea a los 65 o 70 años), además de privarnos de valiosos profesionales, pone en peligro la sostenibilidad misma del sistema sanitario.

La jubilación obligatoria, que tanto en España como en otros países del mundo occidental data de las primeras décadas del siglo XX, se estableció en los 65 años de edad de un modo arbitrario, y sin base en estudios de ningún tipo, en una época en que un alto número de trabajadores no alcanzaba a vivir hasta esa edad. Hoy las condiciones son extremadamente diferentes. La expectativa de vida es mucho más elevada que hace siete u ocho décadas; y más aún si tenemos en cuenta que una creciente parte de la fuerza de trabajo está constituida por mujeres, cuya expectativa media de vida se sitúa en unos siete años por encima de la de los hombres.

Cuando a lo anterior añadimos la progresiva tendencia a la jubilación anticipada, nos encontramos con un completo desfase cuya consecuencia es en el último análisis la disminución de la productividad y del crecimiento económico, y con ello de la mejora de la calidad de vida de la sociedad en general. Vamos aumentando cada vez más el número de individuos no productivos, individuos que ya no contribuyen y a los que el Estado, al tiempo que les prohíbe realizar una labor remunerada, les sostiene (en algunos casos, malamente) con sus pensiones. Esa carga económica va recayendo, de un modo abrumador, sobre el grupo, proporcionalmente cada vez menor, de los trabajadores y contribuyentes en general. En el informe sobre la discriminación por la edad en el mundo laboral elaborado en 2006 por la CEOMA, en colaboración con la Comunidad de Madrid, Accenture y Fundación Adecco, leemos:

Las generaciones más jóvenes han entrado más tarde al mercado de trabajo, tienen mejor educación, disfrutan de más oportunidades y su entorno de trabajo es mucho más beneficioso y estimulante. El ciclo de vida activa de los más jóvenes se va desplazando hacia adelante, sin que eso signifique una disminución de los años como pensionista por el consiguiente aumento de la esperanza de vida. La prolongación de la vida activa [mediante la eliminación de la jubilación obligatoria] en consecuencia responde tanto a razones financieras como de justicia intergeneracional. 

La solución no consiste en poner topes a las pensiones, pues eso no es más que intentar resolver una injusticia (el privar a una persona de su derecho fundamental al trabajo y a contribuir al sostenimiento de las cargas sociales) con otra injusticia (denegarle el justo fruto de sus contribuciones a lo largo de décadas). 

Estados Unidos y Europa Aunque no es mi costumbre descender al terreno de lo personal en un trabajo de estas características, me parece que en el presente caso puede ser útil y clarificador hacer alusión a una experiencia personal. Antes de empezar a enseñar en la universidad, yo también era víctima del prejuicio por la edad. Estaba convencido de que las personas de edad avanzada perdían aptitudes físicas y psíquicas (memoria, capacidad de procesar la información) de un modo catastrófico. Mi experiencia rutinaria con algunas de esas personas –familiares, conocidos–me lo venía a confirmar de una manera contundente. Además, claro, esto era parte de la sabiduría popular, lo que entre amigos de mi edad siempre se comentaba con cariñoso sentido del humor. Otras veces, los comentarios que escuchaba no eran particularmente cariñosos: personas que estaban hartas de bregar con familiares viejos porque “todo lo malentienden, todo lo malinterpretan, hay que repetirles las cosas mil veces…” Esas eran, y pienso que siguen siendo, expresiones populares de prejuicio por edad.

Al empezar mi trabajo como profesor universitario me encontré con la aplastante comprobación diaria de que exactamente esas mismas quejas las aplicaba yo ahora a muchos estudiantes universitarios, personas de entre 18 y 23 años de edad. Esas mismas expresiones me venían a la cabeza espontáneamente cuando, tras repetir una explicación numerosas veces, siempre se levantaban manos para pedir que aclarara una vez más lo que ya había sido aclarado hasta la saciedad. O cuando en un examen o trabajo encuentro inconcebibles, a veces cómicas, malinterpretaciones o tergiversaciones. Este no es el caso de todos los estudiantes, por supuesto, sino sólo de algunos, como tampoco son esos malentendidos, olvidos y tergiversaciones lo que encontramos en el caso de todas las personas de edad, sino sólo de algunas.

El problema radica en nuestra percepción selectiva, guiada por el prejuicio que determina nuestras formas de relación con las personas de edad. Dependiendo de la preparación intelectual que tenga, la persona de edad será capaz de entender más o menos o de procesar correctamente o no la información. Poco tiene el asunto que ver con la edad. Más aún, bien sabemos que es frecuentemente a edades avanzadas cuando artistas, políticos, literatos e intelectuales de todo tipo suelen alcanzar sus más altas cotas de realización. Es tan sólo la extraordinaria predisposición que tenemos a ver sólo aquello que nos dicta nuestro prejuicio lo que nos lleva a ahondar más en la marginación y discriminación de las personas de edad.

Un papel importante en el mantenimiento de los estereotipos de las personas de edad lo desempeñan los medios de comunicación, que reflejan y confirman continuamente el prejuicio por edad. El uso de lenguaje discriminatorio, por ejemplo, debería de estar a estas alturas desterrado de los medios de comunicación. Al igual que ocurría hace décadas con los negros y hasta recientemente con los homosexuales, sigue siendo habitual en nuestro día reflejar a las personas de edad avanzada en estereotipos humillantes, como objeto en muchos casos de burla y de chiste.

Edad y aptitud.

Gillin y Klassen pasan revista a toda una serie de estudios que demuestran que no se produce una perdida de capacidad en los trabajadores de edad. “Más aún,” señalan, “si es que a la larga disminuye la capacidad para cierto tipo de ocupaciones, no hay absolutamente ninguna evidencia científica de que eso ocurra a la edad de 65 años.” Levine, por su parte, ofrece un amplio sumario de investigaciones que en general muestran un ligero declive de capacidad de los trabajadores de edad para determinados puestos, pero de ningún modo un declive pronunciado y general, como habitualmente se tiende a asumir. De hecho, algunos estudios empíricos dan mejores resultados para los trabajadores de edad que para los jóvenes (por ejemplo, en nivel de productividad, precisión, y constancia en el nivel de productividad).

Otros han apuntado a que es meramente la expectativa de una pérdida de aptitudes lo que lleva a los responsables de un lugar de trabajo a tomar decisiones discriminatorias que acarrean una pérdida de motivación por parte del trabajador. En cualquier caso, algo en lo que todos los estudios coinciden es en la existencia de una enorme variabilidad, que debería medirse mediante pruebas individualizadas de aptitud, y en lo erróneo de aplicar medidas basadas tan sólo en prejuicio y en generalizaciones sin fundamento en la realidad.

Un informe realizado por el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos (Secretary of Labor) concluye que “tanto la competencia como la capacidad laboral de los trabajadores de edad, por cualquier medida general, igualan, cuando menos, la competencia y capacidad de los trabajadores jóvenes.” En dicho informe se pasa revista a toda una serie de investigaciones médicas y psicológicas en las que no se encuentra fundamento de ningún tipo para las generalizaciones que se vienen haciendo sobre la edad, y apunta que las investigaciones realizadas muestran que la enorme variabilidad individual es independiente de la edad.” El Informe norteamericano añade:

Un informe realizado por el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos (Secretary of Labor) concluye que “tanto la competencia como la capacidad laboral de los trabajadores de edad, por cualquier medida general, igualan, cuando menos, la competencia y capacidad de los trabajadores jóvenes.” En dicho informe se pasa revista a toda una serie de investigaciones médicas y psicológicas en las que no se encuentra fundamento de ningún tipo para las generalizaciones que se vienen haciendo sobre la edad, y apunta que las investigaciones realizadas muestran que la enorme variabilidad individual es independiente de la edad.” El Informe norteamericano añade:

Como empleados, los trabajadores de edad son preferibles a los trabajadores jóvenes en varios aspectos: tienen una menor tendencia a cambiar de empresa, tienen un más bajo nivel de absentismo evitable, y un nivel más bajo de absentismo en general […] La edad cronológica no va inevitablemente asociada a la capacidad productiva. Los trabajadores de entre 60 y 75 años de edad no sólo son productivos en muy diferentes ocupaciones, sino que de hecho realizan su trabajo de un modo sobresaliente por su juicio, experiencia y seguridad en el modo de realización.

Y concluye que la edad cronológica de por sí no se puede tomar como un indicador infalible del grado de salud o de la capacidad física de los trabajadores. Se llega a sugerir incluso que la edad cronológica tiene poco valor como indicador de declive físico. En dicho Informe se pone el acento en que el sistema humano tiene, a nivel físico y psíquico, la capacidad para compensar por la disminución de ciertas habilidades a base de adoptar nuevas estrategias (“optimización inconsciente”), como por ejemplo escuchar con más atención o poner un cuidado más detallado en la realización de algunas tareas. No deja de ser paradójico que en los puestos de máxima responsabilidad social, política o cultural (presidente, rey, papa, académico, diputado, senador, etc.) no haya límite de edad, o los límites de edad sean mucho más amplios. 

Hacer sitio para los jovenes: Un argumenteo falaz.

Uno de los argumentos más generalizados para justificar la jubilación obligatoria es que tal sistema permite hacer sitio a los jóvenes en el mundo laboral. Según este argumento, la salida forzada del mundo laboral de las personas de edad permite que otras personas (los jóvenes) puedan ocupar sus puestos, o bien avanzar en la escala de promoción interna. Del mismo modo, con la jubilación anticipada cada vez a edades más tempranas lo que se pretende es preservar los puestos de trabajo de los jóvenes. Especialmente en tiempos de crisis, si hay que reducir plantilla se comienza por eliminar a los más veteranos, es decir, a aquellos con más experiencia, potencialmente más productivos, y en cuya formación más ha invertido la empresa (y la sociedad). Como política económica, como veremos al analizar el caso de Estados Unidos, tal planteamiento es radicalmente erróneo; y desde la perspectiva ética es profundamente injusto. 

La idea de crear nuevos puestos de trabajo, o de facilitar la promoción interna, para los jóvenes a base de jubilar a los mayores obedece a una visión excesivamente simplista de cómo funciona la economía. La experiencia de los países que han abolido la jubilación obligatoria así lo demuestra. La panorámica global pone de manifiesto que la eliminación de la jubilación obligatoria ha contribuido al crecimiento económico y con ello a la creación de empleo, lo que ha redundado beneficiosamente precisamente sobre los jóvenes. En cualquier caso, la experiencia de los países que han abolido la jubilación obligatoria también deja ver que es un porcentaje relativamente pequeño de trabajadores el que voluntariamente se mantiene en el trabajo después de los 65 años (en Estados Unidos, entre el 10 y el 20%). La mayoría opta por jubilarse. Una minoría de trabajadores -los más cualificados, los de más alto nivel educativo, y los que más satisfacción obtienen de la labor que realizan- son los más proclives a querer continuar con su trabajo después de los 65 años de edad.

Como veremos más adelante, la insatisfacción con el trabajo está en buena parte asociada a la discriminación por edad. Para J. Gokhale, del Cato Institute (Washington), la no existencia de la jubilación obligatoria tiene el beneficio añadido de incentivar la permanencia en la empresa por la implícita promesa de mayores beneficios. La perspectiva de la jubilación obligatoria desincentiva al trabajador y a partir de cierto momento le hace perder interés en la calidad del trabajo que realiza.

Transferencia: La perspectiva psicoanalítica.

La idea de que hay que apartar a los mayores de una cierta edad de sus puestos de trabajo para hacer sitio a los jóvenes es lo que quienes apoyan tal argumento suelen curiosamente denominar “solidaridad intergeneracional.” Ni que decir tiene que tal “solidaridad” se basa en la muy cuestionable presunción de que los intereses vitales de los jóvenes tienen prioridad sobre los de los mayores. Tal argumento suele ir acompañado, como coletilla, de que “los mayores ya han tenido su oportunidad.” Curiosamente, quienes ponen en práctica tales principios como cuestión de política pública son personas entradas en edad, no los jóvenes, pues estos últimos no han alcanzado los puestos de poder que les permitirían tomar tales decisiones políticas o incluso influir directamente sobre ellas. 

Como parte de su extenso estudio sobre discriminación por edad y jubilación obligatoria, Levine trata de las teorías psicoanalíticas que se han aplicado a la cuestión que nos ocupa. Según tales teorías, a la discriminación laboral por edad subyace un fenómeno de transferencia. Algunos estudios son especialmente interesantes. Muestran, por ejemplo, cómo los profesionales de la medicina y la psiquiatría evitan, dentro de lo posible, tratar pacientes de edad, mientras que prefieren y muestran un mayor interés y dedicación con los pacientes jóvenes. Las encuestas y estudios realizados apuntan a que a esas conductas frecuentemente subyacen oscuros temores del médico o terapeuta a su propio envejecimiento y a lo que se percibe como una mayor cercanía a la muerte. En otros casos pueden ser actitudes hacia los propios padres, basadas en experiencias negativas de la infancia y ahora proyectadas sobre otras personas de edad a las que se convierte injustificadamente en objeto de hostilidad.

También sugieren las investigaciones llevadas a cabo que ese mismo proceso de transferencia está presente en la aplicación de políticas de discriminación por edad, políticas de ingeniería social dirigidas a “abrir camino” a los jóvenes a base de cerrar las puertas a los mayores. Quienes diseñan tales políticas son personas de mediana edad, bien acomodadas generalmente, que asumen que la realidad se reduce a su estrecha y particular visión de la misma. En los jóvenes en general ven estas personas una proyección de sus propios hijos y, claro, de lo que se trata es de abrir camino a nuestros hijos de apoyarles por todos los medios posibles, incluidas legislaciones discriminatorias que devalúan la dignidad e intereses de otras personas. Interesan los jóvenes, en cuya imagen abstracta contemplamos a nuestros propios hijos, y a esa imagen transferimos todas nuestras emociones. Las vidas e intereses de otras personas mayores se ven como irrelevantes. Si una persona a los 45, 50 o 60 años no ha logrado establecerse profesional y económicamente, no nos interesa: es su problema, es un fracasado. El esfuerzo se concentra exclusivamente en apoyar a los jóvenes, es decir, a nuestros hijos. Estos procesos de transferencia, señala Levine, se encubren con argumentos que carecen de solidez, como el mencionado de la “solidaridad intergeneracional.”

Para otros autores las medidas de discriminación por edad que fomenta el Gobierno, concretamente en el caso de España, tienen su raíz más bien en un compromiso tácito por mantener la paz social. Sólo así se puede entender que el Gobierno continúe fomentando o permitiendo medidas discriminatorias contra las personas de edad en el mundo laboral, en la vivienda y en las actividades bancarias cuando la tasa de paro es muy superior entre las personas de edad que entre los jóvenes.

Los jóvenes son quienes más fuertemente protestan cuando no obtienen lo que quieren. También son los más proclives a la delincuencia cuando están sin trabajo. La manera de prevenir esto es aplicar políticas discriminatorias. Estas políticas son simples actos de ingeniería social de corte utilitarista en los que se sacrifican los legítimos intereses de un sector de la sociedad para satisfacer los de otro. La discriminación por edad y la situación de rápido deterioro en que la jubilación sume a algunas personas pueden estar relacionadas con las altísimas tasas de suicidio de las personas de edad avanzada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, las tasas de suicidio de las personas mayores de 70 años, con poca variación de año a año, llegan a triplicar, cuadruplicar y hasta quintuplicar, según el tramo de edad, la tasa de suicidio de los menores de 30 años. Y, lo que es aún más llamativo, la tasa de suicidio de mujeres de edad avanzada supera la tasa combinada de muerte por violencia de género de mujeres de todas las edades. Si la violencia de género preocupa en nuestra sociedad, y se aplican medidas legales para atajar el problema, parecería razonable intentar atajar este problema también buscando sus orígenes y aplicando las medidas adecuadas para mitigarlo.

Estados Unidos y Europa.

En octubre de1986, el Congreso de Estados Unidos abolía y prohibía la jubilación obligatoria en ese país. Ello culminaba un proceso iniciado en 1967 con la “Ley contra la discriminación por edad en el trabajo” (Agemination Act, ADA), modificada en 1978, y nuevamente modificada en 1986. Sin embargo, ya desde mucho antes –desde los años 50 e incluso antes– había estados que tenían leyes contra la discriminación por edad. Algunos estados (el caso de California, por ejemplo) abolieron por cuenta propia la jubilación obligatoria antes de que la ley federal les obligara a ello. 

La legislación de 1967 (ADEA) mantenía la jubilación en los 65 años de edad y centraba su atención en evitar la discriminación por edad de modo particular entre los mayores de 40 años en el momento de la contratación.35 ADA, con sus modificaciones de 1978, establecía la edad de jubilación obligatoria en los 70 años (manteniéndose la voluntaria en los 65). Finalmente, en 1986 quedaba prohibida todo tipo de jubilación obligatoria (manteniéndose siempre la voluntaria en los 65) y se eliminaba por completo cualquier límite de edad para ejercer un trabajo remunerado.36 El debate público que se abrió con motivo de la aprobación de estas leyes sirvió para generar conciencia social sobre la discriminación por edad como problema, y aumentó al mismo tiempo el conocimiento por parte de los trabajadores de sus derechos bajo la nueva legislación.

La Ley contra la discriminación por edad (ADA, 1975/1978) tenía por objeto principalmente eliminar cualquier posible agujero en la ley de 1967. Para cerrar el círculo en torno a la discriminación por edad, se aprobó en 1976 la Ley de igualdad de oportunidades en el crédito bancario (Equal Credit Opportunity Act), que específicamente prohíbe discriminar por edad en la concesión de créditos bancarios.

La legislación norteamericana contra la discriminación por edad establece una serie de excepciones por cualificaciones ocupacionales de bona fide. Se trata de casos en que, por circunstancias que resultan evidentes, se permite hacer una selección de personal teniendo en cuenta la edad como criterio, como por ejemplo en la selección de modelos y actores para determinados papeles. En casos como esos se autoriza, por razones incontrovertibles, tanto la discriminación por edad como por sexo y raza. En la legislación norteamericana, tales excepciones aparecen estrictamente definidas y delimitadas. Esa compleja parte de la ley incluye, de modo preventivo, toda una lista de razones que pueda dar el empresario para discriminar por edad incontrovertibles, tanto la discriminación por edad como por sexo y raza. En la legislación norteamericana, tales excepciones aparecen estrictamente definidas y delimitadas. Esa compleja parte de la ley incluye, de modo preventivo, toda una lista de razones que pueda dar el empresario para discriminar por edad y que la ley anula como inválidas. Estas razones inválidas son en algunos aspectos similares a las razones que se consideraron también inválidas para impedir el acceso a mujeres a las fuerzas armadas. 

Ya desde 1967, bajo el artículo 4(e) de ADEA, en Estados Unidos está prohibido publicar una oferta de trabajo, alquiler o venta de vivienda, o de alojamiento en la que se indique cualquier preferencia, limitación, especificación o discriminación basada en la edad.” Es, asímismo, ilegal pedir fecha de nacimiento en una solicitud de trabajo o currículum (tan sólo se puede preguntar al solicitante si es mayor de edad). La Administración incluso especificó una lista de expresiones y palabras a prohibir en los anuncios de trabajo, por ejemplo “Se busca joven… chica…” u otras palabras o expresiones sugerentes de posible discriminación por edad. Otras expresiones como “Se busca estudiante,” aunque no explícitamente prohibidas, se consideran “sospechosas” y suficientes para que actúe la inspección con objeto de determinar si tras dicha expresión hay un intento de discriminar por la edad. La legislación norteamericana también prohíbe requerir de los solicitantes de empleo que adjunten una foto con su solicitud. Además obliga a las empresas a poner unos carteles informativos (que provee el estado) sobre la legislación antidiscriminatoria en puntos claramente visibles del lugar de trabajo. Pero dicha legislación no se limita al mundo laboral. También afecta a cuestiones de alojamiento y a otros muchos aspectos. Un hotel –por ejemplo, un albergue de juventud– no puede discriminar por edad, con lo cual los albergues de juventud son ahora simplemente “albergues.”

La legislación contra la discriminación por edad se viene aplicando en Estados Unidos con gran rigor, y existe un sustancial volumen de jurisprudencia al respecto. Entre las formas de probar que una empresa ejerce la discriminación por edad, los tribunales aceptan como prueba válida datos estadísticos que muestran que hay un patrón de discriminación en la empresa. Es lo que se denomina “impacto dispar.”

En la legislación sobre la discriminación por edad, el Congreso norteamericano estableció una analogía fundamental con otros tipos de discriminación (por raza, sexo, etc.). Por otra parte, la legislación contra la discriminación por edad no elimina ciertos privilegios (descuentos especiales, etc.) que reciben las personas de edad avanzada. Esto, a juicio de algunos autores, crea puntos de fricción a los que el legislador no da resolución. Para otros autores, tales privilegios son una forma de discriminación positiva similar a la que se aplica a otros grupos que tienen una historia de discriminación.

Europa se encuentra mucho más atrás en el camino de la lucha contra la discriminación por edad. Tan sólo Gran Bretaña aprobó, en octubre de 2007, una legislación al respecto que, sin embargo, no alcanza a eliminar la jubilación obligatoria. Una directiva comunitaria (2000/78) del Consejo de 27 de noviembre, cuyos principios debían estar plasmados en las legislaciones de los Estados miembros para 2006, prohíbe la discriminación por edad (junto con otros tipos de discriminación), pero establece unas excepciones tan amplias que deja completamente sin efecto dicha prohibición. La directiva permite que los estados miembros puedan regular como no discriminatorias diferencias de trato por edad siempre que estén justificadas “objetiva y razonablemente” por una finalidad legítima, y si los medios para lograr ese objetivo son adecuados y necesarios. Se citan como fines legítimos, a modo de ejemplo, los correspondientes a políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional (cabe preguntarse si serían admisibles tales excepciones a la prohibición de discriminar por sexo o raza). Es decir, se prohíbe la discriminación por edad, pero se permite la discriminación por edad.

Tal directiva, en comparación con la legislación norteamericana no se puede considerar ni como un primer paso (más bien como un paso atrás, pues institucionaliza la discriminación) y ha sido estimada por los expertos como carente de todo valor. En el caso de España, la Directiva 2000/78 se plasma en la Ley 62/2003, partir de la cual dicho principio discriminatorio ha quedado incluido en el Estatuto de los Trabajadores.

Edad y apariencia física: Las jerarquias naturales.

Son ya numerosas las investigaciones que muestran los efectos de la apariencia física en el mundo laboral y académico. Las personas con una apariencia física más privilegiada consiguen trabajos con más facilidad, tienen más éxito en sus trabajos, sacan mejores notas (por la predilección inconsciente de los profesores), ganan más dinero, son mejor tratados y son habitualmente objeto de todo tipo de sutiles preferencias y favoritismos. El mejor trato que reciben las personas atractivas les incentiva a la mejor realización de su trabajo, así como a ser mejores estudiantes, según el caso, de modo que el trato favorable que reciben termina haciéndolos objeto de la profecía que se cumple a sí misma.46 En un extenso trabajo publicado en la Revista de Derecho de Harvard, se afirma que la discriminación por la apariencia física “está a veces íntimamente conectada con otros tipos relacionados de discriminación. Un aspecto significativo del prejuicio contra los negros, las personas de edad avanzada o los discapacitados es la reacción negativa que alguna gente tiene ante su apariencia física.

Es un hecho que la discriminación por edad y por apariencia física van íntimamente asociadas. La persona joven, por su apariencia y por su superior estado físico y de salud, se encuentra en lo alto de lo que denominaremos la jerarquía natural. Es el más fuerte. Precisamente por eso, si es que el Estado de Derecho significa algo, de lo que se trata es de apoyar al menos privilegiado, no de acumular privilegios sobre el grupo que se encuentra en lo alto de esa sutil, pero real, jerarquía que se sustenta sobre edad y apariencia física. Una legislación como la española, que no hace nada por corregir esos privilegios naturales sino que muy al contrario tiende a acentuarlos, representa en esa medida un abandono de los ideales democráticos de protección de los grupos más vulnerables y de la lucha por la igualdad. 

Efecto sobre la economía.

El efecto negativo que la jubilación obligatoria, esa forma más manifiesta de discriminación por edad, tiene sobre la economía ha quedado suficientemente discutida en los apartados anteriores. Pero, de modo general, se puede afirmar que el temor a ser discriminado por la edad (la dificultad, o imposibilidad virtual, de conseguir un empleo a partir de una determinada edad, a veces una edad tan temprana como los 35 años) hace que fre cuentemente las personas se aferren de por vida a un trabajo para el que no se sienten motivadas, un trabajo que encuentran tedioso. 

El temor a la discriminación por edad cierra las puertas a la experimentación, al cambio de profesión, al encuentro de la auténtica vocación, algo que en el mundo actual se puede producir a edades mucho más avanzadas, cuando ya se ha acumulado una serie de experiencias. Tal situación da lugar a un mundo laboral esclerótico, sin creatividad, en que el trabajador sólo tiene en mente jubilarse cuanto antes, pues no disfruta con su trabajo y en muchos casos simplemente lo detesta. La discriminación por edad les ha imposibilitado emplear su energía en una auténtica labor vocacional donde habrían sido mucho más productivos. Tal despilfarro de capital humano inevitablemente se proyecta en la economía y en la cultura, e impide a nuestra sociedad, tanto en lo económico como en lo cultural, ser todo lo avanzada que podría. 

Conclusión.

A la vista de los datos y argumentos aquí presentados, parece adecuado hacer las siguientes recomendaciones al legislador:

1. Se debe legislar de un modo decisivo, sin ambigüedades ni excepciones, contra las discriminaciones por la edad y por la apariencia física. La legislación debe ir dirigida contra todas las formas en que se producen esos tipos de discriminación, cerrando de modo explícito las vías que posibilitan los actos de discriminación.

2. Salvo en los casos, estrictamente delimitados, en que, por necesidad evidente, la ley reconozca el derecho a seleccionar por edad o apariencia física, se debe prohibir que el empleador requiera fecha de nacimiento y foto (o cualquier otra forma en que pueda aparecer retratado o filmado el solicitante) en las solicitudes de trabajo y en el currículum. Se debe prohibir, asímismo, que en cualquier oferta de trabajo se especifiquen límites de edad o aparezcan expresiones que puedan dar a entender dichos límites, así como expresiones del tipo “buena presencia.”

3. Se debe prohibir y eliminar de modo efectivo la jubilación obligatoria. Tan sólo la falta de competencia, probada mediante tests individualizados de aptitud, debe ser considerada razón justificada de cese laboral.

4. Se debe prohibir de modo específico la discriminación por edad en la concesión de créditos bancarios.

5. Se deben eliminar los privilegios por edad en el alquiler o venta de viviendas, así como para el alojamiento en establecimientos hoteleros.

Juan Antonio Herrero Brasas.

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