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En España, los poderes públicos abiertamente fomentan y promueven la discriminación por edad, tanto a nivel discursivo como con medidas concretas de carácter legislativo y administrativo. Es una discriminación que comienza a los 30 años (en algunos sectores incluso antes) con oposiciones, trabajos, ayudas de entidades públicas y privadas y becas a que no tienen acceso los mayores de esa edad, y se va recrudeciendo progresivamente.

¿Tiene un empresario derecho a dar prioridad en la contratación a trabajadores menores de 30 años si considera que las personas jóvenes van a atraer más clientes o dan mejor imagen?  Dicho de otro modo, ¿puede una empresa rechazar a un solicitante de empleo por su edad? Si eso se permite,  ¿debe entonces también la ley permitir la selección de trabajadores por raza cuando el empresario considere que una persona de raza blanca da mejor imagen o atrae más clientes? Raza, sexo, edad, apariencia física… La ley debe protegernos frente a esas discriminaciones, si es que nuestra democracia está fundamentada realmente sobre el principio inviolable de igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución.