Excmo. Sr. D. Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo – Madrid

Sr. Gabilondo:

Me dirijo a usted a instancias de la Junta Directiva de la Plataforma Cívica contra la Discriminación por Edad, de la que soy presidente, para pedirle que transmita a la Dirección General de Tráfico, y a cualquier otra instancia ministerial que corresponda, nuestra disconformidad con las nuevas regulaciones -al parecer ya aprobadas o a punto de serlo- para la renovación del permiso de conducir en lo relativo a las discriminaciones de que serán objeto las personas mayores de 65 años, que pasan a ser tratadas como enfermos crónicos sometidos a vigilancia continua. Tales tipos de discriminación no son nuevas pero se ven intensificadas en las nuevas regulaciones obligando, entre otras cosas, a renovar el permiso de conducir con mayor frecuencia que a personas de otra edad.

Tales regulaciones se apoyan en subjetividades que no solo generan inseguridad jurídica sino que, a nuestro juicio, vulneran los artículos 10 y 14 de la Constitución Española, pues están basadas en el prejuicio social contra las personas de edad, y son por tanto inaceptables en una sociedad que proclama la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Las personas mucho más jóvenes son las que causan el mayor número de accidentes, y de hecho por ese motivo muchas empresas de alquiler de vehículos son reacias a alquilárselos a menores de 25 años. Sin embargo, las personas mayores son quienes son objeto del prejuicio y de la imposición de requisitos abusivos.

Desde la DGT, en apoyo de la nueva normativa, se alega que un alto porcentaje de personas mayores de 65 años fallece en accidentes de tráfico, no necesariamente provocados por ellos, y en consecuencia se apunta a ellos como un peligro social. Esos datos, que de cualquier manera serían inadmisibles como criterio para someter a un sector de la población a medidas discriminatorias, están en abierta contradicción con estudios como el realizado por la Fundación Línea Directa, donde se concluye que los conductores mayores de 65 años no son un peligro en la carretera, sino que su tasa de accidentalidad es cuatro veces menor que la de los conductores menores de 25 años y la mitad que la de los conductores de entre 35 y 44 años, como consecuencia de respetar más los límites de velocidad y no conducir de un modo agresivo. Si hay fallecimientos entre mayores de 65 producidos por conductores de otros grupos de edad, no se debe penalizar doblemente a los mayores de 65 años convirtiéndoles en sospechosos y objeto de especial control.

Incluso si las personas de un grupo de edad son proclives a tener más accidentes o a conducir con mayor imprudencia, como puede ser el caso de los menores de 25 años, sería inaceptable imponer reglas abusivas sobre ese grupo social de modo generalizado basándose en datos procedentes de unos cuantos componentes de dicho colectivo. Si se detectara, por ejemplo, que los miembros de un determinado grupo étnico o de inmigrantes son responsables de más, o muchos más, delitos que otros sectores de la población, de ninguna manera sería admisible ni constitucional imponer una legislación específica y punitiva, o con requisitos extraordinarios, sobre ese colectivo por los delitos que algunos miembros del mismo cometen. El caso que nos ocupa en relación a las normas que pretende imponer la DGT sobre las personas de edad es claramente análogo.

Tenemos la absoluta determinación de hacer pública nuestra queja y denunciar por todos los medios a nuestro alcance este nuevo abuso a que se pretende someter a las personas mayores de 65 años. El que medidas discriminatorias de ese tipo se apliquen posiblemente en otros países puede ser quizás argumento de peso para personas más pendientes de lo que se hace en el exterior que de lo que reclama la sensibilidad democrática de nuestra sociedad. Para nosotros no lo es.

Esperamos contar con su mediación en nuestra denuncia de esta agresión tan gravemente discriminatoria hacia un sector de la población.

Reciba mi más atento saludo.

Firmado: El Presidente de la Plataforma Cívica contra la Discriminación por Edad